Las dos principales coaliciones políticas de la provincia, Unión por Córdoba –principalmente–, pero también Cambiemos –aunque en menor medida–, comienzan el año legislativo y electoral con un problema sin resolver heredado de 2016 y que aparece con pronóstico reservado respecto de su futuro: la discutida ley de bosques.
Esta vez, a diferencia de otras oportunidades en que se actuó sin anestesia para evitar que el malhumor social se caldeara más allá de la frontera de lo manejable –el tratamiento exprés del delasotismo cuando instauró el diferimiento a los pasivos provinciales en agosto de 2012 es una pieza de colección en la materia–, la ley de bosques tomó la forma de debate social.
El problema creció, como el desmonte.
Se reinstala aquel apuro por aprobar una nueva normativa que, el pasado 28 de diciembre, incluyó un intento de llevar la obligatoria audiencia pública a 170 kilómetros de la Legislatura y el posterior amparo judicial que hirió de muerte aquel apremio.
Ahora vuelve el apresuramiento cuando restan cinco meses para la presentación de las listas y siete para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que definirán las candidaturas legislativas para octubre.
Un mal bien cordobés y argentino el de discutir a las apuradas los temas centrales que marcan el trascurrir de la sociedad.
Agenda caliente
Al abrir hoy un nuevo período de sesiones, el gobernador Juan Schiaretti repetirá lo que viene diciendo desde que Doña Jovita se transformó en estandarte de la protesta: “Sin consenso legislativo no hay ley”, “esta no es una ley del Ejecutivo”.
El mandatario y sus referentes en la Unicameral no faltan a la verdad cuando aseguran que el proyecto en debate no proviene desde el Ejecutivo. Pero no cuentan la historia completa.
Una comisión de 10 legisladores del noroeste trabajó en la iniciativa. Ocho de esa decena son de Unión por Córdoba. Sólo hay dos opositores: los radicales Carlos Ciprian y José Díaz.
Lo que tampoco dice ni muestra el oficialismo es el corazón de la reforma: el mapa en el que se detallan qué zonas quedarán habilitadas para ampliar la frontera productiva, es decir dejarán de ser monte.
Sería sano, transparente y hasta ilustrativo que los cordobeses en su conjunto pudiesen cotejar el mapa vigente con el que pretende modificarlo.
Sin esa información crucial e indispensable, el debate se torna abstracto. ¿Por qué tanto recelo en difundirlo? ¿Esconden algo esos trazos?
Tanto oficialistas (algunos de ellos delasotistas, que por orden de su líder plantearon divergencias sobre este tema en el seno de Unión por Córdoba ensanchando las diferencias internas en el partido de gobierno) como los dos radicales, recién pudieron acceder al famoso plano con sus zonas “rojas”, “amarillas” y “verdes” a fin de año.
Debate helado
El biólogo Federico Kopta, titular del Foro Ambiental Córdoba, aportó datos sobre la discusión que contrastan con los intentos del oficialismo de instalar que la ley es fruto de un debate laborioso que insumió seis meses de intercambio de opiniones.
El nuevo proyecto, cuenta Kopta, “nunca” fue tratado en la mesa de diálogo creada por el Gobierno en agosto de 2016.
Dice que recién tomaron contacto con el texto, no con el mapa, el 1º de diciembre y tuvieron cuatro días para realizar aportes, los cuales no fueron incluidos.
Y puntualizó que “ningún” legislador se hizo presente en la reuniones mientras actuó la comisión, conformada por diversos actores, muchos de ellos con intereses contrapuestos.
En Cambiemos, que el año pasado se comprometió a debatir el tema a inicios de este nuevo período legislativo, también hay apuro por adecuar la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Sucede que la mayoría de la dirigencia rural organizada, que presiona fuerte para avanzar con la ley, está enrolada en el radicalismo o en el macrismo.
“Tenemos más compromisos nosotros que ellos (por Unión por Córdoba) con esa gente”, se lo escuchó decir a un integrante de la primera minoría cuando el tratamiento se cayó a finales del año pasado.
Otro factor de fuerte interés económico sobrevuela el debate: grandes porciones de esas tierras que hoy son monte cambiaron de dueños en los últimos años.
Cada nuevo metro que podría habilitar la nueva ley se mide en dólares.